“El sentido profundo
de la conversión del Estado al culto de la “des-regulación” y la “privatización”
radica en haber transferido a los mercados la tarea de la re-conversión laboral”
Zygmunt Bauman.
Alfredo César Dachary
En los países más desarrollados, los servicios públicos de agua han sido la base de la estabilidad política y financiera necesaria para fomentar el proceso de industrialización, y a la vez, terminar con la proliferación de enfermedades como el cólera, la fiebre tifoidea y los parásitos.
En los 90´ grandes corporaciones,
mayoritariamente europeas, convencieron a las comunidades en Estados Unidos de
transferir el control del agua al sector privado, para desarrollar mejores
servicios de distribución y calidad. Pero en la práctica las multinacionales
como la RWE, Suez y Veolia, sistemáticamente aumentaron los costos a pesar de
la mala calidad del servicio que proveían, dejando a su paso, desastre y
escándalos.
United Water
(Suez) obtuvo un contrato de 20 años, con un valor de 428 millones de dólares
en Atlanta, Georgia, una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional en
Estados Unidos y luego de cuatro años de servicio,éste fue deplorable, la
compañía recortó alrededor de 400 empleos y tenía alrededor de 14,000 órdenes
de trabajo atrasadas como reparaciones tardías, mala calibración de bocas de
fuego y una inadecuada respuesta a emergencias.
En conclusión, solo
se logró obtener la mitad de los ahorros esperados y, además, la corrupción fue
un factor importante, ya que se encontraron pagos por parte de la compañía al Alcalde,
el que fue sentenciado a 30 meses en prisión por evasión contributiva. Ni
eficiencia ni honestidad, las causas que se dan para privatizar, se revierten
en los nuevos operadores privados.
En la actualidad, la
gran ola de frío del sur de Estados Unidos afectó a Texas, gran productor de
energéticos, haciendo colapsar ciudades, infraestructura de comunicación,
empresas y, en general, al Estado, un ejemplo de privatización masiva.
Según una
investigación publicada en The Wall Street Journal,los usuarios de
sistemas privados de electricidad en Texas pagaron por el servicio, en un par
de décadas, 28 mil millones de dólares más que los que mantuvieron sus
contratos con empresas públicas tradicionales. Este servicio de electricidad desregularizado
fue el que fracasó en el mes de febrero, dejando sin luz a millones de
ciudadanos
Hace dos décadas que
Texas dejó de usar empresas de servicios públicos reguladas que brindaban
servicio completo para generar energía y llevarla a los consumidores, eso llevó
a que casi 60% de los consumidores compraran su electricidad de una de las muchas
compañías eléctricas minoristas, en lugar de una empresa de servicios públicos
local, con graves consecuencias.
Del 2004 a al 2019,
la tarifa anual por electricidad ofrecida por las empresas tradicionales de
Texas fue 8% más baja que el promedio nacional, mientras las de los proveedores
minoristas privados se elevaron en 13%, según la Administración de Información
de Energía (EIA).
La Coalición de Texas
para una Electricidad Barata grupo que compra electricidad para uso de
gobiernos locales también estudió los mercados de energía del Estado y concluyó
que los elevados precios a nivel estatal en relación con el promedio nacional
“deben ser atribuidos al sector desregulado de Texas”.
El proceso para
desregular el mercado de suministro eléctrico en Texas y otras partes de
Estados Unidos se inició en la década de 1990 en medio de esfuerzos similares
en aerolíneas, gas natural y servicios telefónicos.Las compañías podían vender
electricidad a un precio barato y, aun así, recuperar sus costos de capital,
pero tenían pocos incentivos para gastar en infraestructura que pudiera
proteger a las plantas de energía durante olas frías severas y esporádicas.
Esa carencia fue la
que generó la crisis de hace unas semanas y ahora que la electricidad se ha
restablecido en gran parte, las compañías eléctricas minoristas se han
convertido en el centro de atención, menciona la investigación, ya que algunas
están cobrando a los clientes recibos exorbitantes, pues en el tiempo que se
suscitó la crisis, durante varios días, los precios de la energía se dispararon
al límite máximo del precio del mercado de 9 mil dólares por megavatio-hora.
La tormenta invernal
que golpeó al Estado a mediados de febrero provocó que la red eléctrica llegara
en solo cuatro minutos a un colapso completo, reportó el Texas Tribune.
La ironía estaba ante todo mundo: el Estado con la mayor producción de energía
del país estaba por quedarse sin energía.
The
New York Times llamó a esta crisis el
experimento más extenso de la nación en la desregulación eléctrica, el cual fue
impulsado en 1999 por el entonces gobernador George W. Bush que entregó el
control entero del sistema de electricidad a un mosaico de empresas privadas.
Como era de esperar,
ante la necesidad de obtener beneficios, las empresas no invirtieron en proteger
la red estatal ante fenómenos como esa tormenta a pesar de advertencias, ya que
en Texas y entre estos grupos poderosos el negacionismo respecto del cambio
climático y otros temas es dominante, y eso generó la gran crisis de la empresa
y de los usuarios.
DeAnn T. Walker,
presidenta de la entidad reguladora del sector eléctrico, la Comisión de
Servicios Públicos de Texas, fue obligada a renunciar mientras los políticos buscaban
desesperadamente nuevos culpables, a pesar de que todos sabían perfectamente
quiénes eran los responsables.
Muchos políticos
fueron electos con el apoyo de las mismas empresas que provocaron el desastre,
como es el caso del gobernador Greg Abbott, que recibió 26 millones de dólares
del sector energético para sus campañas electorales. La propia Walker invitó a
otros funcionarios y empresas energéticas a mostrar valentía y asumir
responsabilidad.
En Estados Unidos existen tres tipos de
entidades en el sector eléctrico que son las empresas privadas propiedad de
inversionistas que surten energía a dos tercios de los estadounidenses,
empresas públicas y cooperativas rurales, y cada Estado establece sus propias
regulaciones, el tipo de mercado y entidades de supervisión.
La desregulación parcial, que se inició en los 80 y se aceleró en los 90 bajo el esquema neoliberal compartido por ambos partidos políticos, ha privilegiado una mayor concentración económica de empresas energéticas privadas que controlan monopolios regionales y, a la vez, han incrementado su influencia política.
Las consecuencias de
estas políticas afectan al desarrollo de las energías-renovables, decisiones
para beneficiar a accionistas a costo de consumidores y falta de inversión en
infraestructura y mecanismos de protección y seguridad, todo lo cual se ha
manifestado en desastres como los incendios forestales en California en donde
PG&E es parcialmente culpable de los desastres ecológicos y cobros
excesivos a comunidades.
El presidente Franklin
Roosevelt criticó la manipulación del mercado y otros abusos de los
monopolios energéticos de los años 20 y que, por primera vez, los sometió a
regulaciones federales como parte del New Deal, mientras impulsó
entidades de energía públicas, políticas que ayudaron a la gran recuperación de
Estados Unidos luego de la crisis del 29/30, cuando cayó en pobreza cerca de la
mitad de la población.
En la actualidad continúan
diversas luchas para democratizar el sector eléctrico al buscar
otorgar mayor control a comunidades locales, reducir el poder de los monopolios
privados sobre la red eléctrica nacional y elevar a ésta como bien público,
incluyendo el ambiental y un mayor control sobre las ganancias de accionistas.
Ante el cambio
climático y debido al caos generado por estas empresas privadas, agrupaciones
progresistas han propuesto toda una serie de iniciativas, incluyendo la más
ambiciosa, promovida por el entonces candidato presidencial Bernie Sanders en
2020, por un tipo de nacionalización parcial del sector de generación eléctrica
para lograr el giro necesario de convertirlo en un sector basado sobre recursos
renovables.
Otras iniciativas
alrededor del país buscan ampliar el poder del público sobre el sector, como es
el caso de San Francisco que quiere tomar control público de la empresa
PG&E; en Chicago se busca desvincular la ciudad de depender sobre la
empresa Exelon, todas propuestas para crear una empresa pública de servicio de
energía.
Lo de Texas fue algo
similar con el agua y también la energía en California, lo que nos lleva a
pensar que, si fracasan en el centro del poder, no tienen viabilidad en la
periferia y si la tienen es a un costo muy alto de la sociedad. cesaralfredo552@gmail.com
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