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jueves, 17 de enero de 2019

Política pública de incentivo a la inversión privada en áreas naturales.


Política pública de incentivo a la inversión privada en áreas naturales.

Caso: Villas turísticas en áreas del Parque nacional Iguazú.
Posadas, 17/01/2018
Mg. Pedersen Ingrid A
@CONSULTING CONSULTORES ASOCIADOS
                       
Cuando de políticas públicas se habla, generalmente asociamos una serie de conceptualizaciones que muchas veces distan de su real interpretación y/o su intencionalidad.
Desde los niveles académicos y teóricos por política pública, entendemos al conjunto de acciones, iniciativas y/o principios, procesos y medios implementados por el gobierno, con el propósito de orientar la conducta de los agentes económicos y sociales hacia la consecución de objetivos específicos, hacia uno o varios de los sectores de interés (nacional-provincial –local), en términos concretos una política pública designa la existencia de un conjunto de objetivos colectivos que son considerados necesarios y/o deseables y logrados por medios que por lo menos parcialmente sean tratados por una institución, organización gubernamental con el fin de orientar el comportamiento de los actores individuales y/o colectivos para modificar, transformar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.
Las políticas públicas son un modo de acción sólo concebible razonablemente dentro del marco de un sistema político, en el que el Estado tenga la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o reajustar los (efectos indeseables de la lógica del mercado y de sus propias acciones. (Velásquez, 2009).[1]
En el caso de las políticas públicas sobre  turismo se abren retos que aún hoy no han sido conformados y confrontados por los actores involucrados en el sistema turístico, su análisis nos llevan a buscar respuestas en cuanto a la  conformación de las decisiones políticas y sus impactos en el desarrollo del turismo.
https://www.elterritorio.com.ar/vecinos-de-iguazu-se-manifiestan-en-rechazo-a-las-villas-turisticas-12660-et, (12/12/18).
En este sentido tomamos como referencia a Monfort (2000[2]) quien,  afirma que el establecimiento de una política turística conlleva, en definitiva, la articulación de unas estrategias, canalizadas por medio de planes, programas y medidas legislativas, que facilitan el alcance de los objetivos o metas predeterminados, por su parte Velasco (2004)[3], indica que política turística es el conjunto, articulado y coherente, de decisiones y actuaciones que llevan a cabo los gobiernos en el ámbito territorial de su competencia, con la intención de alcanzar unos objetivos determinados, en relación con los hechos de distinta naturaleza que genera el proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos; y además afirma que únicamente se puede hablar de política turística cuando las acciones que se van llevar a cabo, como objeto de ésta, repercuten directamente en el sector turístico.
Ahora, por qué hacemos referencia a estas dos conceptualizaciones, pues porque cada una nos ayuda a entender cómo funciona la política turística, especialmente cuando la búsqueda se dirige a cuestiones ligadas con el uso del territorio y las competencias de los niveles y su articulación con los demás sectores que conforman el sistema turístico.
Pues bien, en este punto nos detendremos para referirnos al programa; “Oportunidades Naturales”; (https://www.argentina.gob.ar/oportunidades-naturales/politica-publica); en que el Estado argentino plantea una estrategia de desarrollo dirigida a implementar un turismo sustentable, posicionando al país como un destino líder en producción de naturaleza, formando parte de la política pública de incentivo a la inversión privada en áreas naturales, (parques nacionales) del país con ello promover la  inversión en oferta turística, con un manejo turístico respetuoso y sustentable, mejorando la vida de las comunidades locales a la vez que conservando los valores patrimoniales, naturales y culturales del país.
Programa que despertó la voz de alerta de la comunidad anfitriona de Puerto Iguazú, en relación a cómo se establecieron estas acciones a partir de la política pública.
Hoy, se lee, escucha y ve en los diferentes medios de comunicación como en las redes sociales la situación de disconformidad de un gran número de actores ligados o no con el turismo con respecto a este mentado programa definido  en el sector público nacional pero que atañe particularmente a una comunidad, la de Puerto Iguazú y su territorio.
Para ponernos en contexto, y comprender el funcionamiento de la actividad turística en un destino o localidad, nos vemos en la obligación de definir “sistema turístico, para ello  consideramos como la más acertada aquella planteada por Molina S, (1991)[4].  Según su visión el turismo no puede definirse desde una  mirada general sino como parte de un Sistema; conformado por 6 actores fundamentales  que persiguen un “OBJETIVO COMÚN”:
Estos actores son:
1.      Superestructura: Son organizaciones del orden público y privado que representan a prestadores de servicios de los sectores relacionados a turismo, de la misma manera que establecen políticas, velan por intereses propios de sus agremiados, desarrollan proyectos y fomentan la inversión.
2.      Infraestructura: conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera. En el caso del sector turismo, son las vías de comunicación indispensables para que el viajero pueda trasladarse dentro y fuera del destino turístico, además todos aquellos servicios de soporte que hacen que la actividad pueda funcionar sin problemas, (energía eléctrica- agua potable- cloacas- salud, salubridad, etc.)
3.      Servicios: servicios básicos como hoteles, agencias de viajes y restaurantes, es decir, son aquellos inmuebles que necesita un turista de manera fundamental al momento de viajar; y los servicios complementarios, que no intervienen directamente con el turista pero son necesarios, ejemplo de estos son los bancos, las casas de cambio o las estaciones de servicios.
4.      Atractivos: lugares que despiertan el interés del turista por visitar un destino gracias a sus características tangibles y/o intangibles destacadas. Un destino para considerarse atractivo debe ser competitivo y para lograrlo, se debe satisfacer las motivaciones que impulsaron a los visitantes a viajar a él. Los atractivos turísticos de un destino se dividen en naturales como parques, desiertos, montañas, saltos, playas, etc., y culturales como la gastronomía, el folklore y la arquitectura de sus monumentos y sitios históricos.
5.      Demanda: conformada por los “turistas”, ellos constituyen la contra-parte de la ley de oferta y demanda, es decir, son quienes consumen, utilizan y/o se ven beneficiados de lo que el destino tiene para ofrecer; además, es a partir de su experiencia, que dentro del destino se pueden establecer estrategias para satisfacer sus necesidades de una mejor manera, alentando el desarrollo de la comunidad receptora. 
6.      Comunidad receptora: Se trata de los residentes locales que de manera directa (como los prestadores de servicios turísticos) o de manera indirecta (población en general o recurso humano de diversas empresas) tienen contacto con la comunidad turística.
Muy bien, habrán notado que hemos destacado en negrita ciertos párrafos y palabras que, a nuestro criterio son los que deben rescatarse y unir para lograr entender cómo funciona el  sistema turístico y la política turística, que queremos decir… cada uno de estos elementos y su conjunto de actores deben estar de acuerdo, deben caminar aunados para el logro del objetivo, si no se dan estas condiciones difícilmente se logre el tan ansiado “Desarrollo local o desarrollo sustentable y/o sostenible”….predicado en muchos cuentos de hadas de los últimas décadas.
El caso puntual de la denominada creación de “villas turísticas e Iguazú;  como versa en varios artículos de los medios de comunicación; las cuales no cuentan con la aprobación de la comunidad anfitriona, y con justa razón ya que en el sentido económico esta inversión no aportará a la comunidad mejora alguna, porque estas inversiones son dentro del parque y no en la localidad, el mercado al que apuntan las inversiones son para un target que no llegará a visitar ni asomarse a la comunidad, todo les será ofrecido dentro del área, diseñado y ambientado a su gusto y confort, para la atención de esta tipología de cliente, requerirán de personal altamente capacitado y dominio en el manejo de idiomas; por lo cual como mucho,  algún joven iguazuense,  podrá aspirar a ocupar un puesto de mando medio en uno u otro emprendimiento, vale decir que no se genera mano de obra local, tampoco distribución de las divisas, tampoco las inversiones en infraestructura beneficiarán a la población local, por hallarse fuera del radio de alcance de las posibles obras, por ende no lograra el cometido de mejora de la calidad de vida de la comunidad anfitriona, equidad e igualdad; si bien en sus párrafos de presentación establecen, “ impulsar un desarrollo equitativo, que genere empleo e inclusión, y por este motivo, se identifican oportunidades para promover la inversión privada en oferta turística, con un manejo turístico respetuoso y sustentable, mejorando la vida de las comunidades locales a la vez que conservando los valores patrimoniales, naturales y culturales del país…
No podemos dejar de mencionar el impacto ambiental, si bien se considera que las obras no afectarán mucho más que 6 hectáreas del parque, sabemos que cualquier actividad o intromisión en áreas donde la vida natural se desarrolla genera un desequilibrio, aspectos que para los distintos grupos ambientalistas están muy claros, claro que el slogan oficial predica…” la Argentina invita a inversores a desarrollar proyectos de ecoturismo que serán oportunidades de transmisión de valores de conservación y cuidado del ambiente, en el que se combinarán servicios para el visitante, infraestructura sustentable y experiencias de contacto con la naturaleza”.

Con ello creemos que,  hoy es vital la necesidad que desde el sector público  se revean el conjunto de objetivos colectivos que son considerados necesarios y/o deseables tal como menciona muy bien Velásquez en relación a política pública; especialmente cuando hace referencia a la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o reajustar los (efectos indeseables de la lógica del mercado y de sus propias acciones).

Materiales de referencia:
Molina, S. (1991). Conceptualización del Turismo. México: Limusa.
Monfort, V. (2000). "La política turística". 7-27.
Velasco, M. (2004). La política turística. Gobierno y administraciones turísticas en España. Valencia -España: Cañada Blanch Fundaciones.
Velasquez, R. (2009). Hacia una definición de política pública. Desafíos , 20-149-187.



[1] (Velasquez, 2009)
[2] (Monfort, 2000)
[3] (Velasco, 2004)
[4] (Molina, Conceptualización del Turismo, 1991)

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