La
pandemia y la visión oficial
“Lo normal ha llevado a esto”. Ed Yong,
periodista científico de The Atlantic.
Alfredo César Dachary
Para este periodista, el modelo actual
de crecimiento económico ha llevado a una mayor deforestación y pérdida de biodiversidad,
una urbanización acelerada, explotaciones ganaderas intensivas y viajes
globales, factores todos ellos, que se sabe, aumentan el riesgo de que los
virus zoonóticos salten a los huéspedes humanos y se propaguen con alarmante
facilidad. Científicos y personas expertas en salud pública de todo el mundo
han estado advirtiendo durante muchos años de que iba a tener lugar una
pandemia causada por un virus desconocido, tan solo era cuestión de saber
“cuándo” teníamos que estar preparados.
Mientras
cada vez más científicos, periodistas y pensadores van mostrando las diferentes
caras, consecuencias y fases de esta trágica pandemia, el Presidente Biden da
la orden de saber “¿cómo apareció el virus?”, con el fin de acusar primero a
China y luego a Rusia, los dos países que le están peleando la hegemonía, el
primero la comercial y el segundo la militar.
No hay que ser muy
ilustrado para saber que los resultados ya existen en el Pentágono, la culpa en
la nueva guerra fría, como se está haciendo en Colombia, en Perú, en Chile, en
Brasil y todos países que quieren buscan futuro decolonial.
Los resultados son
como el 11-S, nunca se sabrá, pero se desconfía que fue como el Maine en Cuba a
comienzos del siglo XX o el auto atentado en Vietnam que desató la guerra, o el
ataque a Pearl Harbord, que se sabía, pero se necesitaban víctimas para poder
mover la máquina militar.
Mientras esto ocurre,
en México el gobierno se mantiene, como la mayoría de los gobiernos del mundo,
entre esperanzas y retrocesos, pero sin aclarar cuál es la situación.
El Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que pese a críticas de
algunos grupos aún mantiene un alto nivel de credibilidad en su medición de la
pobreza, y su estudio inicial marcó el hito del elevado nivel que se tenía en
el país.
De allí la
importancia del documento titulado “La política social en el contexto de la
pandemia por el virus SARS-CoV 2 (Covid-19) en México”, ya que sabe que la
pandemia ha generado muchos muertos en México, pero no se trata solo de la
visión simplista de que la infraestructura sanitaria era muy débil o la habían
desmantelado.
La pobreza es la
cara social de la inequidad y genera una sociedad con muchas debilidades, desde
la carencia de servicios por la mala alimentación que hoy nos coloca
mundialmente en la cabeza de la obesidad, alto índice de población con diabetes,
hipertensión y demás problemas de salud que se suman a la carencia de servicios
básicos.
Para la Ley General de
Desarrollo Social, la pobreza se caracteriza por una privación simultánea en
diversos aspectos de la vida, de allí deriva la medición multidimensional de la
pobreza a partir del bienestar económico y el de los derechos sociales (rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la
alimentación nutritiva y de calidad).
De allí que, según
esta metodología, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene
al menos una carencia en alguno de los indicadores de derechos sociales y
además su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios
contemplados en las canastas alimentaria y no alimentaria; y la pobreza extrema
es aquella que presenta tres o más carencias sociales y cuenta con un ingreso
total insuficiente para adquirir la canasta alimentaria.
Las cifras harían palidecer
a cualquier humano con dignidad, porque el tema, evadido en las campañas
políticas porque la responsabilidad no deja a nadie afuera, es vergonzoso, y
explica realmente lo que pasó. El 22,6% de los mexicanos no es pobre y no
vulnerable, o sea, 27 millones; el resto son pobres extremos, pobres moderados
y carenciados.
En números, 52
millones de mexicanos son pobres, divididos el 43% en pobreza moderada y un
9,3% en pobreza extrema, y un 45% son vulnerables, esa es la radiografía que
muestra los efectos reales de la pandemia.
Dentro de los pobres
y carenciados, el 57,3% no tiene acceso a la seguridad social, un 16,6% no
tiene acceso a los servicios de salud y un 20% no tiene acceso suficiente a la
alimentación que coincide con un 19,8% que no tiene acceso a la vivienda, junto
a un 21,6% que tiene rezago educativo. En síntesis, el 20% de los mexicanos son
pobres extremos, aunque en la cifra sean menos, pero por las carencias también
se puede medir.
En el 2019, la
población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria era en
el mundo rural del 49,6%, en las ciudades el 33,3% y la media nacional es de
37,3%, parece que la pobreza inunda cada espacio que toca. La participación
porcentual de las fuentes de ingreso en el ingreso total per cápita de México,
2018, es de: 59,3 % de remuneraciones de trabajo subordinado; 16,7% de
transferencias; 6,6% por trabajos independientes; 13,6% renta de la propiedad; 1,8%
ingresos de otros trabajos; 1,9% pagos en especies.
En el período de
febrero a marzo de 2020, tiempo en el que se dieron los primeros casos de COVID-19
en el país, se observó una desaceleración en la tasa de crecimiento de los
trabajadores asegurados al IMSS, siendo los jóvenes los que experimentan una
constante y pronunciada disminución de los empleos formales y con ello cambiaría
también la distribución por grupos de edades de los empleos formales.
Así tenemos que el cambio
porcentual del empleo registrado ante el IMSS por grupo etario en el país entre
2017 – 2020 es muy significativo, ya que solamente crece el grupo de 65 años o
más y los dos anteriores caen. Así, el de los jóvenes de menos de 29 años cae
en picada y el intermedio de 30-49 y el siguiente de 50-64, también se reducen
en esta crisis.
En la emergencia
sanitaria y desaceleración económica, la pérdida de empleos no solo implica la
disminución de los ingresos en los hogares sino también la imposibilidad de
hacer uso de las prestaciones laborales a las que se tiene acceso mediante
éste.
De allí que para el
CONEVAL la carencia por acceso a la seguridad social es la más alta de las seis
carencias contempladas en la medición multidimensional de la pobreza. En 2018,
71.7 millones de personas (57.3% de la población) no tenían acceso a la
seguridad social.
Debido a que la
seguridad social se encuentra directamente vinculada a los mercados laborales,
las personas empleadas en sectores afectados directamente por la epidemia son
más vulnerables, así como algunos grupos poblacionales que cuentan con menor
cobertura de seguridad social.
En 2018, el 77.3% de los ocupados, sin tomar
en cuenta a los jubilados, fueron trabajadores que dependen de un patrón, y se
estima que alrededor de 67.5% de los trabajadores subordinados no contaban con
acceso a la seguridad social como prestación laboral y, por lo tanto, no podían
extender la cobertura a sus familiares.
El ingreso laboral
de estos trabajadores representa 38.9% del ingreso total de sus hogares, por lo
que, ante la emergencia sanitaria y la desaceleración de la actividad económica,
estos hogares verían mermados sus recursos económicos para satisfacer las
necesidades del hogar.
Los trabajadores
subordinados sin seguridad social como prestación laboral resultan
especialmente vulnerables, ya que 13.5 millones se encuentran en situación de
pobreza y para este grupo poblacional, el ingreso laboral representa en
promedio 41.1% del ingreso total de sus hogares.
De acuerdo con la
ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares) en 2018, 22.7% de la
población ocupada, sin tomar en cuenta a los jubilados que trabajan, eran
trabajadores por cuenta propia, y el 99.4% de éstos no contaban con acceso a la
seguridad social como prestación laboral.
Los
“cuentapropistas” representan 50.9% de los ocupados en el primer decil,
mientras que en el décimo decil representan 15.7%. Esto refleja la
vulnerabilidad a la que se enfrentan los trabajadores por cuenta propia, en
términos de pérdida de ingresos y carencia por acceso a la seguridad, pues una
reducción en su ingreso afectaría en mayor proporción a los hogares de menores
recursos.
En el país, la
pandemia amenaza con reducir los avances que se han dado en desarrollo social
de la última década y comprometer la capacidad de recuperación económica de los
hogares y las unidades económicas, ante el posible aumento en los niveles de
pobreza y pobreza extrema por ingresos, así como riesgos importantes para la
población que depende del ingreso laboral, por las características estructurales
de la economía mexicana que son de gran fragilidad.
La crisis derivada
de la contingencia por la enfermedad COVID-19 obliga, en primer lugar, a tomar
decisiones de emergencia en materia de bienestar económico (ingreso), salud,
alimentación, vivienda y educación, para contribuir a la protección de los
grupos más vulnerables.
Esto incluye
movilizar recursos y afinar los instrumentos disponibles para asegurar que los
programas y acciones prioritarios de desarrollo social logren llegar a quienes
más lo necesitan; que la dispersión de recursos sea ágil, transparente y se focalice
a los grupos de población más afectados.
La grieta política
impide un acuerdo nacional y ambos bandos se consideran con la razón, aunque
como siempre sería el pueblo mexicano la víctima de este enfrentamiento, luego
de tres décadas de neoliberalismo que logró empobrecer masivamente al país y con
ello sentar las bases de un Estado fallido. cesaralfredo552@gmail.com
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